EE.UU. acusa a gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico
Autoridades de Estados Unidos anunciaron la presentación de una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos —en activo y retirados— por su presunta participación en una red de narcotráfico y delitos relacionados con armas, en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
El caso fue dado a conocer por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, quienes informaron que la acusación incluye a un total de diez funcionarios de alto nivel, señalados de conspirar para introducir grandes cantidades de drogas a territorio estadounidense a cambio de sobornos y apoyo político.
Además de Rocha Moya, entre los imputados se encuentran Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”. Este último enfrenta cargos adicionales por su presunta participación en secuestros que derivaron en la muerte de una fuente confidencial de la DEA y un familiar.
La acusación, asignada a la jueza federal Katherine Polk Failla, sostiene que los señalados habrían utilizado sus cargos dentro del gobierno y las fuerzas de seguridad de Sinaloa para facilitar las operaciones del cártel, proteger a sus líderes y permitir el trasiego de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más violentas a nivel global y ha operado durante décadas con redes internacionales que incluyen productores, distribuidores y proveedores de insumos químicos en distintos países. En ese contexto, la acusación señala que la organización habría contado con la colaboración de funcionarios corruptos para mantener y expandir sus actividades ilícitas.
Según el fiscal Clayton, estas estructuras criminales “no podrían operar con tal libertad sin el apoyo de políticos y agentes policiales corruptos”, por lo que advirtió que se buscará llevar ante la justicia a cualquier funcionario involucrado, independientemente de su cargo.
Por su parte, el titular de la DEA afirmó que la acusación revela un esfuerzo sistemático por socavar instituciones públicas y facilitar el ingreso de drogas letales a territorio estadounidense. Asimismo, subrayó que continuarán las acciones coordinadas para debilitar las redes del narcotráfico.
Las investigaciones sostienen que los acusados habrían recibido millones de dólares en sobornos a cambio de brindar protección al cártel, filtrar información confidencial y ordenar a corporaciones policiales resguardar cargamentos de droga o permitir actos de violencia sin consecuencias.
El documento también señala que varios de los implicados estarían vinculados con la facción conocida como “Los Chapitos”, integrada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, quienes presuntamente habrían influido en procesos políticos en Sinaloa para favorecer sus intereses.
De acuerdo con las autoridades, esta acusación forma parte de una serie de procesos iniciados desde 2023 contra más de 30 integrantes y colaboradores del cártel, con el objetivo de frenar sus operaciones de tráfico de drogas en Estados Unidos.
Finalmente, se reiteró que los cargos presentados constituyen únicamente acusaciones y que todas las personas señaladas se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad conforme a la ley.
