𝐸𝒟𝐼𝒯𝒪𝑅𝐼𝒜𝐿 | Red carretera: inversión con rumbo
Las carreteras son mucho más que vías de comunicación. Representan el acceso al trabajo, la educación, los servicios de salud, el turismo y el desarrollo económico de una entidad. Por ello, invertir en su conservación no debe entenderse como un gasto, sino como una decisión estratégica que impacta directamente en la calidad de vida de la población.
En Colima, el Gobierno del Estado destina actualmente más de 100 millones de pesos para la conservación de la Red Carretera Estatal, recursos provenientes de las contraprestaciones de la concesión Colima-Armería “La Salada”. Más allá de la cifra, el aspecto relevante es el cambio en el destino de esos recursos, que hoy se orientan al fortalecimiento de la infraestructura pública y, de acuerdo con la administración estatal, también permiten generar ingresos adicionales para atender otras necesidades de las y los colimenses.
Durante los Diálogos por la Transformación, la gobernadora Indira Vizcaíno señaló que, en administraciones anteriores, los beneficios derivados de este esquema no se traducían de la misma manera en obras para la población. Hoy, afirmó, el aprovechamiento de esas contraprestaciones permite no sólo intervenir la red carretera, sino ampliar la capacidad del gobierno para responder a otras demandas prioritarias del estado.
Los trabajos de conservación se desarrollan mediante cuatro contratos regionales que abarcan prácticamente toda la entidad. Las obras comprenden más de 490 kilómetros de carreteras estatales distribuidas en municipios como Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo, Minatitlán, Villa de Álvarez, Comala, Tecomán, Armería, Coquimatlán e Ixtlahuacán, con acciones programadas de mayo a noviembre de este año.
La relevancia de estas obras va más allá del mantenimiento del pavimento. Una red carretera en mejores condiciones reduce riesgos para los automovilistas, mejora los tiempos de traslado, facilita el transporte de mercancías y fortalece la competitividad de sectores estratégicos como el comercio, el campo y el turismo. En una entidad con una intensa actividad logística como Colima, contar con infraestructura funcional representa una inversión con beneficios que trascienden el presente.
Las obras públicas suelen evaluarse por el monto de los recursos invertidos, pero su verdadero valor se encuentra en los resultados que generan para la ciudadanía. Si esta inversión logra traducirse en caminos más seguros, mejor conectividad y mayor eficiencia para quienes diariamente transitan por ellos, entonces podrá hablarse de una política pública que responde a una necesidad real.
La infraestructura también transforma. Y cuando los recursos públicos se reflejan en obras que mejoran la movilidad y el desarrollo de una entidad, los beneficios terminan llegando a donde realmente deben: a las y los ciudadanos.
